“Interviene
en todo lo que pasa en la Cámara de Diputados, no hay contrato que no pase por
sus manos”, asegura un hombre fuerte de Juntos por el Cambio en la Legislatura
bonaerense. El apuntado es Miguel Antonio De Lisi, el secretario
administrativo de esa Cámara. En los hechos, ese funcionario tiene a cargo la
administración de todos los recursos de la Legislatura. Eso implica el manejo
de contratos, subsidios y otros sistemas de financiamiento internos. Desde que
estalló el escándalo de Julio “Chocolate” Rigau, optó por el
silencio, al igual que el resto de las máximas autoridades de Diputados.
De Lisi
llegó a ese puesto clave de la mano de Juan Pablo de Jesús, ex
intendente del Partido de la Costa y un hombre fuerte en el entorno de Martín
Insaurralde. En diciembre de 2019, De Jesús asumió como diputado provincial y
se llevó a De Lisi, que hasta ese momento se venía desempeñando como director
de Contrataciones del Partido de la Costa. El secretario administrativo tiene
un rol clave en las sesiones de la Cámara de Diputados bonaerense. 
De hecho, De
Lisi siempre se sienta a la izquierda del presidente, Federico Otermín, y
es el encargado de anunciar los resultados de cada votación y el número de
votos. Fuera del recinto, De Lisi tiene todavía más atribuciones. Según el
Reglamento de esa Cámara, debe proponer al presidente el presupuesto de sueldos
y gastos de la Cámara, y refrendar (en conjunto con el prosecretario
administrativo) todos los actos administrativos referentes a su gestión en la
Cámara, entre otras cosas.
Aunque las
contrataciones pasan un sistema de firmas cruzadas, donde intervienen el
vicepresidente y el vicepresidente primero, todas las fuentes consultadas
coinciden en que De Lisi es la persona clave en el manejo de esos recursos
millonarios. “Su computadora es más importante que la de recursos humanos. De
hecho, se maneja con una computadora portátil y se la lleva todos los días a su
casa”, asegura un diputado que conoce el rol del secretario administrativo.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/3RQYMB5HHVA7THLJW5KNVG53ZY.jpg)
Apenas
estalló el caso de “Chocolate” Rigau, que anoche se entregó en La Plata, tres
dirigentes de Juntos por el Cambio -Ricardo Lopez Murphy, Javier Iguacel y
María Eugenia Talerico- presentaron otra denuncia para que se investigue el
sistema de contrataciones de la Legislatura bonaerense y profundizar sobre
las cajas negras de la política. Esa presentación tenía otros datos alarmantes.
La Legislatura maneja un presupuesto de $62.152.000.000. Y en la Cámara de
Diputados, puntualmente, hay 1510 empleados y $36.500 millones para 92 bancas,
es decir, 396 millones de pesos por cada banca.
La denuncia
cayó en la UFI 6 pero hace una semana se anexó a la causa de “Chocolate” Rigau,
a cargo de la fiscal Betina Lacki, pudo saber Infobae de fuentes
judiciales.
Por ahora,
la fiscal está concentrada en el puntero del PJ. Por ese motivo, la semana
pasada le pidió a la Cámara de Diputados bonaerense, a cargo de Federico
Otermín, precisiones sobre el proceso de contratación de los 48 dueños de las
tarjetas secuestradas a “Chocolate. También mandó un listado de otras 25
personas que aparecieron en un cuaderno donde Rigau hacía anotaciones de
todo tipo y en declaraciones juradas de domicilio encontradas en su casa. Todavía
no le contestaron.
La Cámara
baja hasta ahora solo mandó una copia de los legajos. Esos documentos revelan,
en principio, que la mayoría de los supuestos empleados ingresó para
trabajar en el bloque del Frente de Todos. Las denominaciones van
cambiando de acuerdo a las fechas de ingreso: PJ, Frente para la Victoria
y Frente Renovador. Pero hay algunos de los implicados que también integraron o
integran el bloque de Cambiemos, al menos según los registros.
Si la
investigación judicial se profundiza, la fiscal deberá pedir, tarde o temprano,
la nómina completa del personal de la Cámara de Diputados para analizar cómo se
realizaban las contrataciones, y cómo se distribuyen los subsidios y las becas,
otro flujo por donde se escapan los recursos públicos.
De Lisi
tiene una sombra desde diciembre de 2021. Se trata de la prosecretaria
administrativa, Sandra Silvia París, una ex diputada que responde
directamente a las autoridades del radicalismo bonaerense.
Hasta ahora,
Juntos por el Cambio reaccionó de manera tibia ante el escándalo. Apenas hubo
algunos pedidos de informes del bloque opositor para conocer los detalles del
sumario interno que ordenaron las autoridades de la Cámara de Diputados,
y un proyecto de reforma de la Legislatura, que apunta a un sistema
unicameral pero no plantea reformas de fondo sobre el sistema de
contrataciones. “Estamos dispuestos a dar el debate”, dijo el gobernador Axel
Kicillof para no quedar pegado al escándalo.
Esta semana
habrá otros gestos políticos. Patricia Bullrich y su candidato a gobernador,
Néstor Grindetti, encabezarán un acto en Lomas de Zamora como parte
de la caravana que cerrará la campaña. La decisión se tomó luego de una disputa
interna. Algunos dirigentes no querían aprovechar el escándalo de Insaurralde
para sumar votos. Terminaron perdiendo.
Para la
oposición hay una conexión directa entre las tarjetas de “Chocolate” y el
escándalo de Martín Insaurralde, que sigue recluido en un country de San
Vicente luego de renunciar a la jefatura de Gabinete y a la candidatura a
concejal. Sin embargo, las cajas negras de la Legislatura no serían el único
mecanismo de recaudación.
En el plano
judicial, en cambio, no habrá grandes novedades en los días previos a las
elecciones. La investigación sobre el intendente de Lomas de Zamora,
actualmente de licencia, tiene secreto de sumario hasta la semana
próxima (son diez días hábiles desde el 10 de octubre). Y en el caso de
“Chocolate”, esta semana habrá una batería de planteos de los abogados
defensores pero el celular del puntero recién se abrirá el próximo viernes, por
lo que el contenido se conocerá después del 22.
(Infobae:
Nicolás Pizzi -15/10/2023)
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