Las icónicas protestas iniciadas en julio de 2021 en Cuba fueron un grito desesperado pidiendo cambios para el país. Desde entonces las marchas no han cesado y el mundo es testigo de la represión para silenciar a las personas con detenciones arbitrarias, interrupción del servicio de Internet, violaciones del debido proceso, torturas, desapariciones forzadas y juicios manipulados con condenas infames. Cualquier semejanza con la situación venezolana permite entender el trasfondo de las relaciones entre regímenes opresores y abusivos.
Distintas organizaciones internacionales han reclamado al dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, la liberación de los detenidos durante aquella masiva protesta reprimida con violencia policial y paramilitar. De acuerdo con cifras oficiales, unos 500 cubanos fueron condenados hasta por 25 años de prisión por participar en las históricas manifestaciones del 11 y 12 de julio de aquel año.
La ONG Prisoners Defenders determinó que hay en Cuba tiene 1117 presos políticos. Treinta encarcelados son menores de edad; de ellos, 14 ya han sido condenados por sedición, con una pena media de cinco años.
El Estado cubano reprime violentamente a la ciudadanía para evitar el ejercicio de derechos refrendados en la Constitución, incluyendo los más elementales como los de libertad de movimiento, de asociación y de expresión. En cuanto a este último, el derecho a decir lo que uno quiera solo existe siempre y cuando lo que se quiera decir coincida con las políticas que sostiene la dictadura cubana.
El Consejo de Ministros ha presentado una batería de medidas para recortar gastos, medidas que se suman a las decisiones del pasado diciembre, con las que se buscaba principalmente aumentar los ingresos, en pesos y en divisas.
El Gobierno habló asimismo de posponer, e incluso paralizar, inversiones que no sean imprescindibles, restringir al máximo posible los gastos corrientes y de capital del sector estatal y disminuir las transferencias de recursos al sector empresarial. Cuba importa el 80 % de lo que consume.
A los problemas de liquidez se suman recortes y retrasos en la llamada canasta básica, incluidos los medicamentos, e inestabilidad en el suministro de combustibles, un ingrediente más de la crisis energética. Las autoridades cubanas prevén que el desfase entre gastos e ingresos en las cuentas públicas implicará en 2024 el 18,5 % del PBI, con lo que Cuba concluirá su quinto año consecutivo en números rojos, tres de ellos con un déficit superior al 10 %.
Con un desplome de la actividad turística, que se redujo a la mitad desde 2019, la desmoronada economía cubana soporta una inflación desbordada, acompañada por la caída del peso cubano en el mercado informal y bajos niveles productivos. Más de 400 mil personas, esto es el 10% de la población activa, han dejado Cuba en los últimos dos años, un récord desde los tiempos de la revolución.
La comunidad internacional, conjuntamente con los organismos pertinentes, no deben cesar en sus reclamos, exigiendo la libertad de los presos políticos y el respeto de los derechos humanos.
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