El Gobierno de Javier Milei decidió realizar una
exhaustiva auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez
Laboral, lo que podría resultar en la eliminación de entre 120,000 y
160,000 de estos beneficios en los próximos meses. Esta medida busca
corregir irregularidades en la concesión de estas pensiones y asegurar que solo
quienes realmente lo necesitan continúen recibiendo apoyo del Estado.
La Agencia Nacional de Discapacidad
(ANDIS), dirigida por Diego Spagnuolo, junto con la Dirección
Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, inició un proceso de auditoría
que abarca a aproximadamente 400,000 beneficiarios de estas pensiones.
Las auditorías comenzaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se están
extendiendo a la provincia de Buenos Aires y a otras regiones del país.
De acuerdo con estimaciones de la ANDIS, entre el
30% y el 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión
de los haberes otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES). Esto implica que entre 120,000 y 160,000 personas podrían perder este
beneficio, que representa el 70% del valor de la jubilación mínima en
Argentina.
Criterios de suspensión
Las suspensiones se basan en la identificación de
irregularidades en el otorgamiento de estas pensiones durante gestiones
anteriores. Una revisión inicial de 2,559 casos mostró que sólo el 7%
cumplía con los requisitos legales para recibir la pensión, lo que impulsó
la intensificación de las auditorías. Algunas de las irregularidades detectadas
incluyen:
- Documentación
médica falsificada: Presentación de certificados médicos falsos.
- Uso
de radiografías duplicadas: Utilización de la misma radiografía en
múltiples expedientes.
- Falta
de condiciones de invalidez: Personas que recibieron pensiones sin cumplir
con las condiciones de invalidez laboral.
Además, se
encontraron incompatibilidades en aproximadamente el 35% de las
pensiones otorgadas, tales como la posesión de bienes no declarados, empleo
formal, o condiciones médicas que no justifican la invalidez laboral.
¿Quiénes serán afectados por la auditoría?
Los más afectados
por esta medida serán aquellos que actualmente reciben una Pensión No
Contributiva por Invalidez Laboral sin cumplir con los criterios
establecidos por la normativa vigente.
Los beneficiarios
cuyas condiciones de salud no justifican la pensión, aquellos que
poseen bienes significativos (como vehículos, propiedades, aviones, o
embarcaciones), o quienes tienen un empleo formal, son los
principales candidatos a perder este beneficio. También se están revisando los
casos donde la documentación presentada para justificar la discapacidad
es sospechosa o claramente fraudulenta, incluyendo casos en los que se han
usado radiografías de animales para obtener pensiones.
Montos y requisitos para acceder a
las pensiones
Para solicitar una
Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, es necesario cumplir con los
siguientes requisitos:
- No recibir otros ingresos del Estado.
- No tener empleo formal.
- Contar con ingresos insuficientes.
- Ser ciudadano argentino o residente con
más de 10 años de antigüedad en el país.
- No estar privado de libertad en un
establecimiento penitenciario.
El monto de esta
pensión equivale al 70% de la jubilación mínima. En agosto de 2024, este valor era de
$157,878, con un aumento previsto a $164,240 en septiembre, tras un incremento
del 4.03% en las jubilaciones.
Proceso de revisión y
consecuencias legales
El proceso de
auditoría comenzó en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires,
y se extenderá a otras regiones del país en los próximos meses. Paralelamente a
estas auditorías, se han iniciado denuncias penales para investigar y
sancionar a los responsables de las irregularidades detectadas. La
Agencia Nacional de Discapacidad, en coordinación con el Ministerio de Salud y
la Justicia, busca depurar el sistema de pensiones y responsabilizar a quienes
participaron en la gestión indebida de estos recursos.
Diego Spagnuolo, director de la ANDIS, enfatizó que estas
auditorías no están destinadas a perjudicar a quienes realmente necesitan el
beneficio, sino a eliminar aquellos casos en los que la pensión fue otorgada
de manera fraudulenta. Según Spagnuolo, el objetivo es restaurar la
transparencia en el sistema y asegurar que los recursos del Estado se
destinen a quienes realmente lo requieren.
Esta medida refleja el compromiso del gobierno de Javier Milei por mejorar
la eficiencia y la transparencia en la administración
de los recursos públicos, asegurando que el apoyo llegue a quienes más lo
necesitan.
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