La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, anuló un convenio que, en representación del Poder Ejecutivo Nacional, había firmado durante el último gobierno el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, por el que entregó a una comunidad mapuche la propiedad de unas disputadas tierras.
La comunidad Lafken Winkul Mapu (LWM) había recibido de manos del juez federal de Bariloche, Hugo Greca, una polémica autorización de uso exclusivo de terrenos pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales (APN) en el lago Mascardi. La APN había ya anulado administrativamente el convenio, con anuncios respecto de que solo flamearía allí la bandera argentina y no la mapuche. La Asociación Vecinal del Lago Mascardi denunció que la zona se había visto sumida “en el terror por cinco largos años”. La Fiscalía Federal de Bariloche, interinamente a cargo de Rafael Vehils Ruiz, había impugnado la resolución del juez.
El fallo de Casación refiere que la ocupación se realizó con un “significativo grado de violencia”, atribuyéndose la titularidad “ancestral” del terreno en cuestión. En relación con el polémico acuerdo, se expresa que “contraviene disposiciones constitucionales y normas de carácter federal”, y destaca asimismo que “aparecen representantes del Estado nacional realizando concesiones, mientras que los imputados solo realizan una promesa de inscribirse e iniciar trámites para su reconocimiento”.
La feroz toma en la zona del Parque Nacional Nahuel Huapi se había iniciado en 2017, cuando una joven machi, líder espiritual de la autoproclamada comunidad mapuche, pregonaba haber identificado un lugar sagrado en los terrenos y reclamaba la titularidad ancestral del predio. Con piedras, lanzas y armas obligaron violentamente a las fuerzas de seguridad a replegarse. En los enfrentamientos falleció Rafael Nahuel, un muchacho mapuche, una causa que aún no tiene sentencia firme.
Los primeros hechos vandálicos en Villa Mascardi se remontan a 2015, cuando grupos pseudo-mapuches, por demás violentos y con sus caras cubiertas, que portaban palos y armas caseras, incendiaron y atacaron propiedades públicas y privadas. En alevosa connivencia con los ocupantes ilegales, quienes debían hacer respetar los derechos de los ciudadanos invocaron una vez más una conveniente y adulterada concepción de los derechos humanos y nunca dispusieron ningún tipo de vigilancia por lo que, a merced de estos delincuentes, los ataques recrudecieron durante la pandemia. Terrenos de la familia Grehan-Giménez de Tournier, el exhotel Mascardi de la APN, un predio del Obispado de San Isidro y lotes del sindicato Unión Superior del Gas, entre otras propiedades, engrosaron la lista.
En medio del estupor ciudadano, la violencia contra las fuerzas de seguridad y las propiedades comprometidas condujo a múltiples pedidos de desalojo, con operativos que se concretaron en octubre de 2022.
Las autoridades nacionales y provinciales de entonces graciosamente acordaron conformar una mesa de diálogo con mapuches de las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén para resolver el conflicto. En las reuniones realizadas en la ex-Esma participaron no solo Pietragalla, sino también el presidente del Instituto de Asuntos Indígenas, representantes del Ministerio de la Mujer, de las Madres de Plaza de Mayo y Adolfo Pérez Esquivel, quienes nunca salieron en defensa de los derechos de los verdaderos afectados, abandonados a su suerte. Fue así como, en junio de 2023, se firmó el controvertido acuerdo que los vecinos y la oposición tanto cuestionaron y cuya homologación Casación ahora anuló.
Con decenas de expedientes abiertos, a fines de septiembre tendrán lugar en Bariloche las audiencias contra siete integrantes de la comunidad LWM imputados por la causa de usurpación en Villa Mascardi, la llamada causa madre. En total son cuatro, por tierras públicas y privadas usurpadas. Será la Justicia la que deberá imponer las condenas que correspondan. Este justo fallo de la Casación llega luego de los abusos y despropósitos a los que nos condujeron irresponsables funcionarios dispuestos a ceder la soberanía nacional y el derecho a la propiedad privada en connivencia con delincuentes y en nombre de un nefasto proyecto político. Los enormes daños son ya irrecuperables para quienes vieron destruidas sus propiedades y transitaron años aciagos amedrentados por una tribu de sediciosos que protagonizaron hechos de una gravedad institucional inusitada. Celebramos que vuelva a primar el respeto a la Constitución; es tiempo de retomar la cordura.
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