La provincia de Salta continúa con su firme decisión de
cobrar por la atención médica a ciudadanos extranjeros en sus hospitales
públicos. Esta medida, impulsada inicialmente por el gobernador
Gustavo Sáenz mediante un decreto, fue luego ratificada por la Legislatura
provincial. Recientemente, Fabián Valenzuela, gerente del Hospital San Vicente
de Paul, rechazó un planteo de la cónsul de Bolivia, Felipa Huanca, que
solicitaba suscribir nuevos convenios para modificar la medida.
Durante una reunión el 13 de agosto, Huanca expresó
la intención de establecer un arancel diferencial para ciudadanos bolivianos, debido a las quejas
recibidas por sus compatriotas tras la implementación del cobro. Valenzuela,
sin embargo, dejó en claro que no había posibilidad de revisar la norma. “Le
dije que una solicitud de esa naturaleza estaba fuera de lugar, es como si
yo le pidiera que no cumpla la ley en su país”, expresó Valenzuela en
declaraciones a Infobae.
Cobro de atención médica en Salta: impacto y cifras
La Ley 8.421 de Salta establece los aranceles que se
aplican a extranjeros para consultas médicas, tratamientos específicos y
cirugías. Las tarifas incluyen $100.000 por día de internación, $190.000
por internación en salas intermedias y $250.000 por terapia intensiva,
entre otros servicios. A partir del segundo semestre, los valores se ajustaron
aproximadamente en un 20%.
Desde la implementación de esta medida, la concurrencia de
extranjeros en los hospitales salteños disminuyó drásticamente. Valenzuela
informó que en el Hospital San Vicente de Paul se pasó de atender a 300
personas por semana a un promedio de solo 5 pacientes. “Hay días en que no
viene nadie”, agregó. A pesar de ello, la atención en casos de urgencias que
pongan en riesgo la vida continúa siendo gratuita.
Ahorro en el sistema de salud de Salta
La implementación de esta normativa ha tenido un impacto
significativo en el presupuesto de la salud pública de Salta. Según
datos de la intendencia de Orán, una de las localidades fronterizas con Bolivia, se
ahorraron 60 millones de pesos en lo que va del año gracias a los aranceles
aplicados a ciudadanos extranjeros. Esta medida forma parte de una
estrategia provincial para reducir el uso de recursos públicos por parte de
personas que no son residentes de Argentina.
Reciprocidad y antecedentes en Jujuy y Salta
Antes de la sanción de la Ley 8.421, Salta y Jujuy
habían suscrito convenios de reciprocidad con Bolivia, permitiendo la atención
gratuita de ciudadanos bolivianos en Argentina, a cambio de que los
argentinos recibieran el mismo trato en el país vecino. Sin embargo, la
falta de cumplimiento por parte de Bolivia, donde varios argentinos
fallecieron al no ser atendidos en situaciones de emergencia, llevó a las
provincias argentinas a revisar su postura.
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