La Cámara Federal resolvió este lunes instruir al juez federal Sebastián Ramos a que pida la captura internacional del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para indagarlo en Argentina por violaciones a los derechos humanos. “Se comprobó que existe en Venezuela un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado –cuanto menos– desde el año 2014 hasta el presente”, señala el texto del fallo, al que accedió LA NACION.
El fallo es de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, que se pronunciaron en el expediente iniciado por la denuncia en Comodoro Py de la Clooney Foundation for Justice, una organización que preside el actor norteamericano George Clooney junto a su esposa Amal, una abogada defensora de los derechos humanos. Allí se pidió indagar a Maduro por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.
Tras enumerar las declaraciones de las víctimas y los informes internacionales sobre violaciones a los derechos humanos, los jueces escribieron: “Observamos que los testimonios traslucen con elocuencia las vivencias padecidas por los damnificados -las cuales parecen exhibir un patrón común en las acciones estatales-, y se ven reflejadas en los distintos informes de las organizaciones internacionales que exponen, específicamente, las características controvertidas del Estado de Derecho venezolano, la persecución -secuestros, torturas, asesinatos- a la población civil y el desinterés por adecuarse a las reglas democráticas”.
“Estas connotaciones muestran que, a esta altura del proceso, la colección probatoria resulta suficiente para que el juez de primera instancia disponga, de manera urgente, la convocatoria de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello a prestar declaración indagatoria”, añadieron.
Y dijeron que considerando “la gravedad y trascendencia de los hechos, pero especialmente, que se denuncian como ejecutados por la estructura misma del Estado venezolano, y que se seguirían perpetrando al día de la fecha, a fin de evitar un entorpecimiento en la investigación, poner fin a la continuación de la trama delictiva y evitar futuras víctimas que padezcan irreparables violaciones a los derechos humanos, corresponde disponer la inmediata detención -vía Interpol- de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, con fines de extradición a esta República Argentina”.
Lo mismo debe ocurrir “en relación a las estructuras de las organizaciones de mando intervinientes que fuesen identificadas o aquellos otros que resta identificar”, dice el fallo de 20 páginas.
En este expediente se investiga a Nicolás Maduro junto a unos 30 imputados más, entre los que se encuentra Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela. Los querellantes son el abogado Tomás Farini Duggan, junto con el ministro de Seguridad porteño y miembro del Foro Argentino para la Democracia en la Región (Fader), Waldo Wolff.
La querella pidió la semana pasada la detención de Maduro en una audiencia publica que se realizó en la Cámara Federal y donde el fiscal Carlos Stornelli y el fiscal de Cámara José Agüero Iturbe adhirieron. En esa audiencia había estado presente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En la causa, que cuenta con más de una decena de declaraciones reservadas, hay denuncias de torturas, desapariciones y detenciones que realizó el gobierno de Maduro. Según afirma la querella, esas violaciones a los derechos humanos ocurren desde 2014 en Venezuela, pero se han visto “agravadas” tras las elecciones presidenciales celebradas el 29 julio, en las que Maduro se proclamó ganador sin mostrar las actas de votación.
Una de las víctimas, un hombre que supera los 30 años y cuya identidad permanece en reserva, relató con detalle cómo fue apresado y torturado por oficiales del servicio de inteligencia bolivariano. La víctima, que cuenta con status de refugiado en el país, contó que, con el pretexto de realizarle una entrevista, los oficiales del régimen se presentaron en su casa y lo apresaron. Relató, entre otros hechos, que fue interrogado, que su familia recibió amenazas y que fue amenazado con un arma de fuego puesta en su boca, además de golpeado y amedrentado por oficiales bolivarianos. Indicó que permaneció preso junto con otros 18 detenidos en una celda para cinco personas. “Orinábamos en botellas de plástico”, sostuvo. Su liberación se dio solo a partir de una negociación política, dijo ante los jueces de la Cámara Federal la semana pasada.
Otro testigo contó haber sido parte de “Marcha de los Estados”, una movilización que convocó a la sociedad civil a concentrarse en distintos puntos de Venezuela para manifestarse en contra del gobierno venezolano. Según relató ante los jueces argentinos, fue interceptada por un “piquete” de la guardia nacional bolivariana que extinguió esa protesta a fuerza de gases lacrimógenos. Uno de ellos le explotó en su rostro. Al llegar al hospital, por el temor a ser capturada, indicó que la inflamación en su cara era producto de un golpe que había sufrido en su casa. Es que, según explicó, se había librado la orden de detener a los manifestantes que llegaban heridos a los hospitales.
El primer testigo que presentó la querella afirmó haber estado detenido por tres años y medio en el Helicoide, un edificio que pertenece al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). El régimen lo acusaba de conspiración, terrorismo, asociación para delinquir y tráfico de armamentos. Afirmó haber sido víctima de “tortura psicológica” junto a otros detenidos. Uno de ellos, en un hecho que calificó como “punto de quiebre” durante su detención, apareció ahorcado en su celda en marzo de 2015.
Además de la detención de Cabello y Maduro y su indagatoria, la querella solicitó unificar las distintas presentaciones que se sucedieron en el ultimo tiempo. El fiscal Agüero Iturbe se expresó a favor de lo pedido por oponerse a una “atomización” que “conspira” contra la causa que “tiende a repetir las medidas probatorias”.
La causa cuenta con informes de organizaciones como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, y más de una decena de declaraciones reservadas.
En abril, la Cámara Federal ordenó revocar el archivo de una causa luego de que el juez Ramos decidiera inhibirse en favor de la Corte Penal Internacional y, en consecuencia, archivar la causa. En aquella oportunidad, los camaristas Llorens, Bertuzzi y Bruglia escribieron: “Es impostergable que el juez [por Ramos] resuelva la petición de convocar a declaración indagatoria a Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello y todos aquellos identificados como responsables, y se someta a juicio a todos los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, que fueran denunciados en las presentes actuaciones, debiendo disponer todas las medidas cautelares urgentes que permitan la sujeción de los responsables al proceso, como ser su orden de captura inmediata”.
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