Horacio Cruz Castro,
líder de los cañeros bermejeños, fue acusado en varias ocasiones en los últimos
años por miembros de la comunidad Tape Iguapegui de amenazar con un
machete a la cacique de El Trementinal, Natalí Vásquez.
Por si fuera poco, también habría incitado a su grupo
de seguidores a apuntar armas contra mujeres, hombres y niños del
pueblo ava guaraní.
En 2021, inició acciones legales en Bolivia contra
integrantes de dicha comunidad originaria de Salta, alegando una supuesta
"perturbación" en la propiedad que reclama sobre
El Trementinal.
Por este motivo, Salta enfrenta una crisis en
su frontera con Bolivia, donde el pueblo ava guaraní y los productores de
la región del río Grande de Tarija denuncian el abandono por parte del
Estado argentino.
La falta de controles permitió
la invasión de tierras salteñas, junto con el desmonte y contrabando,
que crecieron sin una respuesta efectiva de las autoridades.
Sin embargo, luego de enterarse de esta noticia, la
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se expresó al respecto en
X, anunciando el envío de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA)
a aquel territorio para analizar la situación y tomar
medidas en caso de ser necesario.
"Mandaré a la Gendarmería Nacional a comprobar
si esto está pasando.", expresó la ministra, en respuesta a la noticia
sobre la presunta invasión boliviana.
Recientemente, se presentó una denuncia sobre la tala
ilegal de 2.500 hectáreas de selva ribereña en
General Mosconi.
Desde esta zona se contrabandean aproximadamente 150.000
toneladas de caña de azúcar hacia Bolivia, lo que refleja
la gravedad de la ocupación ilegal en esta parte de Salta.
Los miembros de la comunidad ava guaraní, organizados
en Tape Iguapegui, habían manifestado su preocupación por la inacción
de las autoridades provinciales.
Advierten que, si no se actúa de inmediato, las
plantaciones de caña de azúcar en áreas como El Trementinal y Chuscal quedarán
totalmente destruidas. Esta situación era crítica, ya que la
falta de acción de las fuerzas de seguridad dejaba a la población expuesta
frente a las redes de contrabando.
Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Bolivia reconoció la invasión de tierras argentinas y ha
desmentido las afirmaciones de un usurpador que se autoproclama dueño de una
isla inexistente en territorio boliviano.
Documentos oficiales confirman que el terreno que
reclama no tiene ningún registro, reafirmando que pertenece a Salta.
El conflicto en la frontera no es nuevo; las
comunidades ava guaraní y los productores denunciaron durante décadas la retirada
ilegal de los mojones que delimitan la frontera entre
Argentina y Bolivia.
En 2014, operativos revelaron el contrabando y
la explotación de trabajadores indocumentados, pero hoy la
situación empeoró.
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