La Sindicatura General de la Nación (SIGEN)
recuperó la capacidad de auditar el presupuesto de las universidades
nacionales, un hecho que genera tensiones con las autoridades académicas,
quienes evitan a toda costa la inminente intervención del
Gobierno de Javier Milei en la gestión de sus recursos para
detectar, entre otras cosas, posibles actos de corrupción.
Este cambio se produce tras un dictamen reciente de la Procuración
del Tesoro de la Nación (PTN), que contradice un pronunciamiento
anterior del kirchnerismo que había limitado las
facultades de la SIGEN.
Hasta finales de 2022, la SIGEN había enfrentado restricciones
en su labor de auditoría en las universidades debido a un dictamen
firmado por el Dr. Carlos Zannini, que determinó que las
previsiones de control interno contenidas en la Ley 24.156 no eran
aplicables a las universidades nacionales.
Sin embargo, el nuevo dictamen del PTN establece que
el sistema de control interno, conforme a la mencionada ley, sí
se aplicará a las universidades, ya que no vulnera su autonomía
funcional ni su autarquía administrativa-financiera, tal
como lo reconoce la Constitución Nacional.
"(...) En
síntesis, a la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los
antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración
del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales,
en tanto el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la
autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce
la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley
de Educación Superior N.° 24.521.",
se puede leer en el documento.
El 1° de noviembre de 2023, el entonces ministro de
Educación kirchnerista, Jaime Perczyk, firmó un convenio con la
SIGEN con el objetivo de promover un sistema de control interno adecuado en las
instituciones universitarias. Desde esa fecha, se firmaron convenios
específicos con 26 de las 62 universidades nacionales,
y se espera que las tareas de auditoría comiencen en breve.
Sin embargo, la Universidad de Buenos Aires (UBA),
una de las más influyentes y reconocidas del país, decidió no
suscribir este acuerdo, lo cual evidenció su rechazo rotundo a
las auditorías externas y su falta de transparencia.
Un relevamiento realizado por la SIGEN durante 2024 reveló
que existe un total de 2.245 convenios de asistencia técnica entre
universidades y diferentes reparticiones de la Administración Pública Nacional,
de los cuales 354 corresponden a la UBA.
La intención de la SIGEN es auditar la ejecución de
estos convenios para determinar si cumplieron con los objetivos,
evaluar los resultados obtenidos y verificar la correcta aplicación de
los fondos involucrados.
Este proceso es fundamental para asegurar la transparencia
en la gestión de recursos públicos en un contexto donde las
universidades nacionales manejan un gran volumen de financiamiento
estatal.
La resistencia de las universidades a
someterse a controles externos genera sospechas sobre la transparencia y
la rendición de cuentas en la utilización de fondos
públicos, sobre todo con personajes como el vicerrector de la
Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, quien
tiene graves denuncias de corrupción.
A medida que se implementen estas auditorías y vayan
saliendo los resultados, la sociedad podrá ver la "honestidad"
de aquellos que dicen "defender" la educación pública.
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San Bernardo del Tuyú - Buenos Aires
