El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en su conferencia de prensa de hoy que el Gobierno dará de baja la asignación mensual vitalicia, así como la pensión que cobra hoy la expresidenta Cristina Kirchner.
“Será tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner. Esto significa para los argentinos un ahorro -al menos de la asignación en mano- de unos 21 millones de pesos”, afirmó el funcionario.
Según señaló Adorni, la medida -tomada en conjunto con ANSES y el Ministerio de Capital Humano, de Sandra Pettovello- obedece al fallo en contra de la expresidenta de la Cámara de Casación Penal, que confirmó la pena de seis años de prisión y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos dictadas contra la expresidenta.
“La señora Cristina Kirchner fue condenada como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”, indicó el vocero. Y sumó: “La jubilación al exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aun si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política”.
“Esto es nada más y nada menos que otorgar un manto de cordura a la gestión publica; durante el mandato del presidente Milei, la Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”, afirmó.
Asimismo, el portavoz adelantó que la vía judicial “es una posibilidad certera”, que podría tomar Cristina. Agregó que la expresidenta va a continuar percibiendo una jubilación y una pensión “de acuerdo a sus aportes y no al adicional por privilegios”.
El comunicado del Ministerio de Capital Humano indicó que la medida “no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la Justicia”, sino una “necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Y añadió: “Haber sido encontrada culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función como Presidente de la Nación torna inadmisible que pueda seguir percibiendo asignaciones de privilegio que le fueron otorgadas con carácter excepcional y extraordinario por un supuesto buen desempeño y por el honor del cumplimiento de su función presidencial. Tales premisas no pueden ser sostenidas frente a la sentencia de Casación Penal”.
“Es preciso destacar la ejemplaridad que la pérdida de estos privilegios tiene para la sociedad entera y para la clase política que debe recuperar los valores éticos e institucionales que supieron cultivar nuestros próceres y padres fundadores”, cerró.
La medida decidida por la Casa Rosada generó una reacción positiva en los detractores de la exmandataria, mientras que también réplicas de parte del kirchnerismo. Una de las que respondió fue la extitular de Anses, Fernanda Raverta, quien dijo que este mecanismo se utilizó para “desviar la atención”.
“En el mismo momento en que Milei se gasta 400.000 dólares de todos los argentinos para ir a intentar sacarse una selfie a Estados Unids [con Donald Trump], borra de un plumazo la ley 24018. ¿También le va sacar el derecho a la viuda de [Carlos] Menem?”, se preguntó la exfuncionaria camporista con respecto a Zulema Yoma y acotó: “Cuanto más difícil se le hace a la gente llegar a fin de mes, más proliferan las bombas de humo del Presidente”.
La condena a Cristina
Este miércoles, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra la expresidenta por haber direccionado licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.
La Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, rechazó todos los recursos, tanto de la fiscalía como de las defensas, y confirmó las mismas penas y absoluciones que impusieron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, del Tribunal Oral Federal N° 2, en su sentencia del 6 de diciembre de 2022.
La expresidenta fue condenada como “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Los jueces de la Casación la absolvieron, por mayoría, por el delito de asociación ilícita. La defensa de la expresidenta presentó un escrito en el que informó que recurrirá el fallo ante la Corte Suprema de Justicia, la última instancia posible. Ella no estuvo presente y tampoco su defensa, que anunció que seguiría la lectura en forma remota y que apelaría el fallo.
Aún con la condena confirmada por la Cámara de Casación, la expresidenta por el momento no irá presa, ya que la sentencia queda firme y se ejecuta solo cuando se agotan todas las instancias judiciales de revisión. Así lo dispone el nuevo Código Procesal Penal Federal, parcialmente en vigencia. Esto implica que la pena se aplicará recién cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la expresidenta, lo que puede demorar años.
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