Sin debates presidenciales tales y cómo había hasta ahora, sin espacios públicos garantizados para spots de campaña y con aportes en cualquier moneda y banco, son algunos de los pormenores del proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos y el sistema de financiamiento.
El anuncio se concretó esta tarde en Casa Rosada, donde poco después dejaban trascender que su ingreso al Congreso se concretará a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo del libertario Nicolás Mayoraz. Todo indica que para que el tema se trate podría haber sesiones extraordinarias, dado que el período regular termina a fin de mes, aunque por el momento evitaban dar mayores precisiones. Por lo pronto en las filas libertarias sí admitían que los votos para conseguir su aprobación aún no están, pero sí se mostraban dispuestos a discutir posibles mejoras y así eventualmente aumentar sus chances.
Los cambios, de aprobarse, podrán ser introducidos hasta el 30 de junio de 2026 para “que todos los partidos se adecuen a las modificaciones”. Por lo pronto, en materia electoral, el único cambio que hay para las próximas elecciones es el de la Boleta Única, que ya se aprobó semanas atrás en el Congreso.
“Desde su creación, las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio solo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”, dijo el vocero Manuel Adorni en conferencia de prensa, al tiempo que reparó en un costo de $45.445 millones registrado durante las primarias del año pasado. Asimismo, el funcionario aseguró que desde su implementación en 2011, “hubo sólo 10 agrupaciones políticas que dirimieron internas para las elecciones presidenciales, de las cuales el 40% no logró siquiera alcanzar el umbral de 1,5% para poder después participar de las elecciones generales”.
Poco después, desde el corazón libertario insistían en que las PASO “no cumplieron su propósito general” y la definían como “una encuesta paga” de los partidos políticos, que ellos decidieron dejar de financiar con la plata del Estado y en post del “equilibrio fiscal”. A lo que agregaban que se sumaba el “respetar el ámbito de funcionamiento libre de los partidos políticos” y en un “calendario que no desgaste a la ciudadanía”.
También, según explicaron a LA NACION, se incorporan modificaciones para “garantizar el funcionamiento democrático” como que haya “veeduría judicial” en las internas de los partidos y disposiciones para que se reduzcan los plazos recursivos en casos de quejas o planteos por lo que allí suceda.
En la sede de Gobierno detallaban que para llegar al proyecto hubo reuniones, entre otros, con representantes de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y se tuvieron en cuenta elementos de otros proyectos presentados por partidos políticos. Para la Cámara está prevista la creación de un fiscalía general, “es dar respuesta a un reclamo de años”, sostenían.
Como consecuencia de la eliminación de las PASO no habrá debates presidenciales tal y como la ley lo contemplaba hasta ahora. “Se desregula”, decían en Gobierno, aludiendo a un concepto al que adhieren. La eliminación la explicaban como una consecuencia de que al “no haber el piso del 1, 5% de las PASO que marcaba el piso para entrar al debate, se desregula”.
“No existe más” o “no está institucionalizado”, eran otros términos usados para referirse al cambio. Por lo que ahora, para que haya debate deberá decidirse entre los involucrados directos de los partidos.
El otro eje de lo que se apunta a modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos, en post de “reducir el gasto público” y “transparentar los recursos que reciben los partidos”. La idea que tienen en el Gobierno es que “todo sea trackeable”. Así como planean eliminar el aporte extraordinario de campaña.
“El Estado se corre del financiamiento de la campaña, pero no del financiamiento para el sostenimiento de los partidos políticos”, mencionó una fuente de Casa Rosada al tanto de la letra más chica del proyecto.
También se contempla la ampliación de los aportes por persona física o jurídica que pasarán de 40 a 300 millones de pesos y se elimina el gasto a los límites de campaña.
En cuanto a los espacios públicos, que hasta ahora el 50% lo cedían los medios de comunicación y el otro iba a cuenta de impuestos, “pasa a ser libre. Hay libertad de contratación. Deja de estar regulado el tema”, recalcaron. El punto, admiten, afectará a los partidos más chicos, pero trataban de mitigar esa realidad sosteniendo que “puede desafiarlos a buscar más opciones para que los financien”.
La nueva propuesta incorpora que la bancarización del ingreso de aportes puede darse a través “de cualquier entidad bancaria y no solamente a través del Banco Nación, como era hasta ahora”, resaltaron. Tampoco estará regulado el tipo de moneda en que deberán hacerse los aportes, que incluso podrían hacerse en Bitcoin si alguien quisiera, explicaban.
El proyecto también apunta modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos “para mejorar su representatividad y evitar los sellos de goma”, como mencionó Adorni en Casa Rosada ampliaban que los cambios eran “para evitar la proliferación de partidos políticos que no tienen representatividad y solo buscan una finalidad económica”.
En ese sentido aludían a que en la actualidad en Argentina hay 49 partidos nacionales, mientras que en Chile y Paraguay existen la mitad de los primeros, en Uruguay 12 y Brasil, 33.
Para mejorar la representatividad también apuntaban a la afiliación de forma digital. En post de la representatividad también se subirá a 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral, a diferencia del 0,4% actual, y tener un piso mínimo del 3% de los votos en dos elecciones consecutivas. “Esto significa un mayor esfuerzo para aquellos partidos que constantemente fracasan en elecciones y sacan siempre alrededor del 2% de los votos”, sentenció el funcionario.
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