La política es dinámica, inquieta, imprevisible. En la tarde del jueves pasado, luego del fracaso de la reunión de la Cámara de Diputados convocada para tratar el proyecto de “ficha limpia”, la rumorología política insistía con que habían quedado muy mal ante la opinión pública los diputados que promovieron esa ley y que, por segunda vez en una semana, no habían conseguido quórum para que el proyecto sea tratado. Al día siguiente, fue el propio presidente de la Nación quien se dio cuenta de que el primer afectado ante una palpable mayoría social había sido él. De los 13 diputados que no asistieron e impidieron el quórum, ocho pertenecían a La Libertad Avanza, el partido presidencial. En la creencia social se instaló la certeza de que el mileísmo le había enviado una prueba de amor a Cristina Kirchner, quien sería, en caso de aprobarse esa ley, la primera, no la única, afectada por tales disposiciones.
Según el proyecto, el ciudadano argentino condenado por corrupción en dos instancias de la justicia penal no podría ser candidato a nada. La señora de Kirchner está condenada por un tribunal oral, cuyo fallo fue ratificado por la Cámara de Casación, la máxima instancia penal del país. Las dos instancias que establece el proyecto que no logra su aprobación. Paréntesis: ya existe, por lo tanto, una sentencia firme contra Cristina Kirchner por prácticas corruptas. La Corte Suprema de Justicia no es una instancia de apelación, sino un recurso extraordinario de la Justicia, que el máximo tribunal puede tratar -o no-.
Existen varias pruebas de que Javier Milei tomó conciencia del malhumor social por esas deserciones (fundamentalmente las de sus diputados) que impidieron empezar a sancionar una ley que limitaría los increíbles derechos de los corruptos. Increíbles porque esas personas ya condenadas pueden llegar al Congreso y protegerse bajo el paraguas de los fueros parlamentarios. Inconcebibles privilegios de la verdadera “casta política”. Los fueros de los legisladores fueron establecidos para que pudieran hablar libremente, y para que el entonces delito penal por calumnias e injurias no restringiera sus expresiones. Este delito no existe más en las leyes penales del país. En rigor, el Poder Ejecutivo o el Congreso deberían promover una ley que excluya los delitos penales de los fueros parlamentarios.
De todos modos, una prueba de la preocupación de Milei fue el inmediato mensaje que le envió a la diputada Silvia Lospennato, autora del proyecto inicial sobre “ficha limpia” en 2016. Durante ocho años, Lospennato, que milita en el Pro, buscó sin suerte el quórum de los diputados para expulsar de las bancas a los corruptos, también durante los años del gobierno de Mauricio Macri. Nunca pudo nada. Ahora recalca que un gobierno que dice que “el que las hace las paga” debería incluir en ese paradigma a los políticos corruptos. Puede ser. Quién lo sabe. Milei le prometió que habrá una ley de “ficha limpia”, pero no le dijo cuándo ni cómo será. La segunda prueba fue la rápida designación del abogado Alejandro Fargosi como representante del Gobierno en la confección de un nuevo texto para esa ley. Fargosi es un mileísta convencido, que seguramente aspira a acceder a un cargo destacado en el Poder Ejecutivo o en el Congreso. Dicen que es el tuitero más retuiteado por el Presidente. No hay mejor pergamino que pueda exhibir un mileísta. Fargosi pagó precios caros por quedar bien con los gobiernos. En el año 2011, él era miembro del Consejo de la Magistratura en representación de los abogados. El voto de Fargosi fue crucial para que se designaran a cuatro jueces federales propuestos por el kirchnerismo, que estaba en el poder. Versiones insistentes aseguraban en aquellos tiempos que se trataba de un acuerdo de Macri, entonces jefe del gobierno de la Capital, con Cristina Kirchner, jefa del Estado en esos años. Macri desmintió en su momento ese acuerdo y negó, inclusive, que se hubiera reunido con Fargosi. Los letrados que accedieron a cuatro juzgados federales en 2011 con el voto de Fargosi, y que todavía están en sus cargos son: Marcelo Martínez de Giorgi, Luís Rodríguez, Sebastián Ramos y Sebastián Casanello. En 2011 el más cuestionado era Rodríguez por su vinculación familiar (son compadres) con el operador judicial Javier Fernández y por sus supuestos vínculos con los servicios de inteligencia. Caía sobre él un incesante rumor de que había copiado el examen para acceder al juzgado federal. Muchos años después, Carolina Pochetti, esposa del secretario fallecido de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, contó públicamente que le pagó sobornos al juez. La denuncia provocó un enfrentamiento espectacular en ese momento entre Rodríguez y el fiscal Carlos Stornelli.
Pero tampoco Martínez de Giorgi fue una buena elección: es, después de Ariel Lijo, el mejor anestesista de Comodoro Py, como se les llama en la jerga judicial a los jueces que saben dormir las causas judiciales más importantes. Martínez de Gorgi aspira ahora a ascender a camarista y a que su esposa acceda a una juzgado federal en la provincia de Buenos Aires. La participación de Fargosi en los nombramientos de esos jueces le valió que lo expulsaran de la prestigiosa agrupación Será Justicia y un repudio de su actitud por parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, al que Fargosi pertenece.
Regresemos a Milei. Seguramente el Presidente conoció lo mal que cayeron las deserciones de sus diputados por el seguimiento cotidiano de la opinión pública que hace su gobierno. De todos modos, puede asegurarse que el electorado de Milei es el que más detesta la corrupción, según mediciones que ha hecho la consultora Isonomía. El proyecto de “ficha limpia” está directamente vinculado con la corrupción de los políticos, aunque no siempre una cosa y la otra estén entrelazadas en la información pública. No es necesario. La gente común lo sabe. La diputada Lospennato suele contar que su esposo, que no es una figura conocida, le contó que escuchó en el supermercado a dos mujeres desconocidas decir que “la ficha limpia es una cuestión nuestra. Debe salir”. El mismo electorado de Milei detesta que su líder se parezca al kirchnerismo. “Detesta mucho más que se parezca a que negocie con los seguidores de Cristina Kirchner. Pueden negociar los diferentes, pero ese electorado aborrece que su líder se parezca a lo que más desprecia en la política, que es el kirchnerismo”, asegura otro analista de opinión pública. Tampoco el parecido entre el mileísmo y el kirchnerismo está inscripto de manera explícita en el texto del proyecto. Pero ese aire de impunidad para la corrupción es lo que asemeja a los dos ante la gente común. Todos los actores de la política coinciden: los kirchneristas necesitan la impunidad, mientras Milei no. ¿Para qué se acerca al kirchnerismo, entonces? ¿Solo para que le vote el acuerdo del juez Lijo como miembro de la Corte Suprema? Sería poca cosa.
A todo esto, Fargosi adelantó que incluiría en el proyecto que redactó Lospennato un par de artículos para que los acusados por dos instancias puedan apelar su exclusión electoral ante la instancia superior, aunque se trate de la Corte Suprema. Debe consignarse que el original proyecto de Lospennato fue consensuado, entre otros y en largas conversaciones, con dos prominentes legisladores de La Libertad Avanza: el diputado Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, y Manuel Quintar, presidente de la Comisión de Justicia. Es decir, el mileísmo estaba comprometido con el proyecto que fracasó el jueves pasado por la ruin ausencia de varios diputados. Si un recurso extraordinario fuera a la Corte Suprema, ésta no tiene plazos para expedirse. Aunque ninguna ley establece esa carencia de plazos, la tradición estableció que es así. Fargosi anticipó que podrían poner plazos en su nuevo texto. Resulta de pobre envergadura (para llamarlo de algún modo) cambiar los tiempos de la Corte Suprema solo para ampliarles la protección a los políticos corruptos.
También se señaló que las leyes no pueden ser retroactivas y que no podría esta ley, de aprobarse, perjudicar a Cristina Kirchner. Las leyes que no son retroactivas son las penales, y esta no lo será. De todos modos, si esa ley tuviera sanción en las próximas semanas, Cristina Kirchner no es candidata todavía, que se sepa al menos. La aplicación de ley retroactiva podría ser creíble si esa ley se promulgara después de que ella fuera formalmente candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. No lo es ni lo será en los próximos meses. Fargosi señaló también que el proyecto en el que está trabajando no modificará el trámite de las causas penales y que solo hará cambios en la cuestión electoral de los políticos dos veces condenados. “Mi proyecto no es contra Lospennato, sino con Lospennato”, aclaró Fargosi. ¿Para qué entonces cambiar un texto que lleva ya ocho años de negociaciones y estériles intentos de tratamientos parlamentarios? ¿Para qué, si los propios legisladores de Milei acordaron el texto, promovido inicialmente por Lospennato, que careció de quorum el jueves infiel de la última semana?
Las ideas expuestas por Fargosi (el texto no se escribió todavía) ponen énfasis en la justicia electoral, que siempre es más benigna frente a las debilidades de los políticos. El problema del Presidente es más grande que decidir sobre una instancia judicial: debe resolver cómo conformar a su electorado después de la decepción que provocó la indiferencia mileista frente a la impunidad electoral de los políticos corruptos. La política puede entender de estrategias electorales, pero la sociedad está muy lejos de esas permutas entre políticos aparentemente tan distintos.
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