El pronunciamiento del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que dictamina la inconstitucionalidad de la reelección indefinida de Gildo Insfrán como gobernador de Formosa es contundente: “Las múltiples reelecciones sucesivas –potencialmente indefinidas– conspiran contra la finalidad propia del Estado de Derecho, pues dado el modo de funcionamiento de nuestras instituciones, la perpetuación en el poder erosiona el principio de separación de poderes”.
Nadie mejor que Insfrán se ha encargado de erosionar hasta los cimientos el sistema institucional de la provincia que maneja con mano de hierro desde hace ya 29 años. Fue reelegido en 2023 por el 70% de los votos y su actual mandato vencerá en 2027, con lo cual sumará 32 años de poder ininterrumpido (serán 40 años si se añaden los dos períodos previos como vicegobernador). Precisamente, el principal argumento de Insfrán es que la ciudadanía de su distrito lo sigue eligiendo y que por eso no merece que le pongan límite alguno. Ya se conocen largamente las razones por las cuales una mayoría cautiva de electores le siguió dando el triunfo: son básicamente ciudadanos rehenes del trabajo estatal, de prebendas y presiones inconfesables por el miedo que les provoca perder lo poco que tienen.
Ese Estado supuestamente “omnipresente”, que lo único que ha perseguido es el beneficio personal de Insfrán, de sus parientes y amigos, se sustenta además sobre reglas de juego electoral que le han facilitado inundar los cuartos oscuros con decenas de boletas colectoras que llevan su imagen, y sobre nefastas prácticas de clientelismo político que se extendieron hasta fuera de las fronteras del país, cooptando ciudadanos extranjeros cuyo voto resultó digitado mediante todas las formas imaginables destinadas a manipular un proceso eleccionario.
Si bien el dictamen de Casal no es vinculante para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya decisión se prevé de forma inminente, representa un antecedente de peso. En un tramo de su escrito, Casal cita al juez de la Corte Carlos Rosenkrantz, que oportunamente sostuvo que tanto quienes fueron parte decisiva de la organización constitucional argentina en su período fundacional como quienes participaron en su reforma más significativa hasta hoy tuvieron una clara preocupación por limitar la concentración del poder y evitar la posibilidad de la perpetuación en su ejercicio mediante reelecciones sucesivas múltiples.
El aberrante caso de la perpetuación de este impresentable caudillo peronista ha sido posible en los hechos por la vaguedad del artículo de la Constitución provincial referido al tema, que establece que el gobernador y el vicegobernador de la provincia duran cuatro años en el ejercicio de sus cargos y “podrán ser reelectos”. Al no especificar un límite de mandatos, la posibilidad de reelección se ha tornado indefinida para ambos cargos. Es precisamente en ese punto en el que Casal basa su dictamen de inconstitucionalidad, pues entiende que, al dejarse abierta la reelección eterna “se aparta de la necesaria periodicidad y renovación del mandato de las autoridades allí previstas, lo que resulta violatorio de lo dispuesto por el artículo 5º de la Constitución nacional”.
En otras oportunidades, la Corte ha decidido en contra de esa vocación de perpetuidad de muchos mandatarios que –más allá de la violación institucional, ya de por sí gravísima– han convertido su propio empleo público en la base de fortunas injustificables. Paralelamente, han sometido a la población a sus caprichos, generando mecanismos tan nefastos como redituables.
La Corte ya limitó, por ejemplo, las ansias reeleccionistas perpetuadoras de gobernadores de Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, Río Negro y La Rioja.
De coincidir el más alto tribunal con el dictamen de Casal, sin embargo, es muy probable que Insfrán acometa acciones tendientes a desoírla o busque caminos alternativos que –estima– podrían garantizarle seguir actuando a su gusto y antojo.
Cabe recordar que, previendo esa declaración de inconstitucionalidad, en octubre pasado, logró que la Legislatura de su provincia aprobara una ley para avanzar con una reforma integral de la Constitución formoseña. Sus acólitos en el Poder Legislativo –tan numerosos como los que le rinden cuenta y pleitesía en el Judicial local– no dudaron en sancionar el proyecto del propio gobernador por el que, bajo el lema de “seguir afianzando el sistema representativo, republicano y democrático”, incluye “nuevas regulaciones sobre los derechos políticos a elegir y ser elegidos, incluyendo la incorporación con jerarquía constitucional de la paridad de género para los cargos electivos legislativos, tanto en el orden provincial como municipal, así como en la conformación de los órganos de los partidos políticos”. Si bien ha deslizado Insfrán que su intención es poner límite a las reelecciones en la reforma constitucional, sus opositores sospechan que lo hará partiendo de la base de que se considere como su primer mandato el primero posterior a la sanción de una nueva carta magna. Es decir, pretendería sumar dos más a los ocho que ya lleva al frente de la provincia.
Resulta tan lamentable como preocupante también que la Legislatura santafesina haya aprobado recientemente un proyecto de ley de reforma constitucional, entre cuyos puntos salientes figura la habilitación de un segundo mandato consecutivo para el gobernador provincial. El proyecto, promovido por el actual mandatario, Maximiliano Pullaro (el dirigente radical que le arrebató la provincia al peronismo compitiendo como parte de la versión local de Juntos por el Cambio), plantea la modificación de más de 40 artículos de la carta magna del distrito, entre ellos algunos de singular relevancia, como eliminar las reelecciones indefinidas para todos los cargos, terminar con los fueros de la política y la incorporación de la ficha limpia dándole rango constitucional, pues ese sistema ya rige en la provincia desde 2022. Podría Pullaro inclinarse por el mantenimiento de un solo mandato para gobernador y vicegobernador, pero parece que la tentación es grande para muchos dirigentes. Cuando logran alcanzar el poder, se resisten a soltarlo.
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