En el último Boletín Oficial de 2024, el Gobierno dispuso nuevas medidas para limitar el ingreso de personal nuevo al sector público mediante los decretos 1148/24 y 1149/24, publicados el 31 de diciembre. Las disposiciones, firmadas por el presidente Javier Milei, buscan profundizar la reducción del gasto público y fomentar la idoneidad en el empleo estatal, tras 12 meses marcados por el ajuste fiscal que derivó en la salida de más de 35.000 empleados estatales.
Así lo informó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Entre enero y noviembre de 2024, se desvincularon cerca de 36.000 empleados estatales como parte de las políticas de ajuste implementadas por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Esta cifra, destacada como un “aliciente fiscal”, se complementa ahora con nuevas restricciones para futuras contrataciones.
El decreto 1149/24 establece que, a partir del 1 de marzo de 2025, quienes aspiren a ingresar al sector público deberán aprobar una Evaluación General de Conocimientos y Competencias, implementada previamente para los empleados existentes. Este examen también será obligatorio para las empresas con mayoría accionaria estatal. Además, cualquier alta en el sector deberá estar respaldada por la baja de tres empleados, conforme a lo estipulado en el decreto 1148/24.
La medida afecta a todas las jurisdicciones y entidades comprendidas en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (Ley Nº 25.164) y sus normas reglamentarias, así como a los contratos temporales y de servicios profesionales regidos por los decretos 1421/02 y 1109/17. Además, las contrataciones realizadas durante 2025 no podrán extenderse más allá del 30 de junio, salvo excepciones limitadas.
En ese sentido, Sturzenegger explicó que la iniciativa busca garantizar que “los ingresos al Estado sean exclusivamente de personas capacitadas y que esto se traduzca en un servicio público de mayor calidad”. En una publicación en la red social X, el ministro concluyó con una frase distintiva del oficialismo: “La motosierra continúa”.
El decreto 1149/24 establece que, a partir del 1 de marzo de 2025, quienes aspiren a ingresar al sector público deberán aprobar una Evaluación General de Conocimientos y Competencias, implementada previamente para los empleados existentes. Este examen también será obligatorio para las empresas con mayoría accionaria estatal. Además, cualquier alta en el sector deberá estar respaldada por la baja de tres empleados, conforme a lo estipulado en el decreto 1148/24.
La medida afecta a todas las jurisdicciones y entidades comprendidas en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (Ley Nº 25.164) y sus normas reglamentarias, así como a los contratos temporales y de servicios profesionales regidos por los decretos 1421/02 y 1109/17. Además, las contrataciones realizadas durante 2025 no podrán extenderse más allá del 30 de junio, salvo excepciones limitadas.
En ese sentido, Sturzenegger explicó que la iniciativa busca garantizar que “los ingresos al Estado sean exclusivamente de personas capacitadas y que esto se traduzca en un servicio público de mayor calidad”. En una publicación en la red social X, el ministro concluyó con una frase distintiva del oficialismo: “La motosierra continúa”.
Las reacciones de los sindicatos no se hicieron esperar. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) calificó como un “avance parcial” la contratación anual de los trabajadores que aprobaron las evaluaciones de diciembre, pero cuestionó la falta de estabilidad laboral. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, exigió la incorporación a planta permanente de los más de 57.000 trabajadores contratados bajo modalidades temporales.
Por otro lado, ATE también criticó el decreto 1148/24, que condicionará nuevas incorporaciones a la validación por parte de la cartera de Desregulación. “Esta norma no elimina el dedo de los funcionarios para decidir ingresos, dejando abierta la puerta para el ingreso de militantes libertarios”, declaró Aguiar.
En el mismo sentido, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, Graciela Aleñá, sostuvo que “las medidas deberían aplicarse también a los funcionarios de LLA, quienes carecen de preparación para comprender la importancia del Estado”.
El decreto también insta a las empresas estatales y fondos fiduciarios a adoptar medidas similares para limitar las contrataciones, en línea con la reducción de personal en el sector público, por lo que se estableció que cualquier contratación en 2025 deberá estar previamente justificada y sujeta a estrictos controles de idoneidad.
Desde el Gobierno defendieron las medidas como una herramienta clave para racionalizar el gasto y asegurar la eficiencia en el empleo público. Sin embargo, los gremios insisten en que las decisiones generan precarización laboral y afectan derechos fundamentales de los trabajadores.
El impacto de estas disposiciones será objeto de debate en las próximas semanas, cuando se reanuden las negociaciones paritarias. Los sindicatos anticiparon que buscarán revertir las restricciones y promover la estabilidad en el empleo estatal, un reclamo que, según ellos, sigue siendo desatendido por el actual gobierno.
Los resultados del examen de idoneidad
El viernes, el Gobierno difundió los resultados preliminares oficiales del examen de idoneidad que toma a los empleados públicos para ver si están capacitados para la tarea. Según Sturzenegger, el 95% de los 9000 trabajadores públicos que dieron la prueba lo hicieron de manera satisfactoria. El total de los que rendirán es de más de 40.000.
Luego de cifras extraoficiales que habían sido publicadas la semana pasada por el gremio ATE -el más conflictivo con la Casa Rosada- y que hablaban de un porcentaje así de alto, Sturzenegger utilizó su cuenta de X para contar cómo avanza el proceso de evaluación. “Cuando llegamos al Ministerio de Desregulación nos pusimos como objetivo tomarle un examen a todo aspirante a ocupar un cargo en la administración pública. Queríamos una instancia apolítica que levantara la vara, jerarquizara el empleo público y que dificultara la incorporación de militantes políticos sin las calificaciones adecuadas”, introdujo sobre las intenciones de su cartera.
Contó, entonces, que sobre el fin de año se renovaban unos 40.000 empleados de la planta transitoria a los que les tocaba rendir y aprobar para poder reconfirmar su contrato. “Varias semanas antes del primer examen se subieron a la página del ministerio el material de estudio y exámenes de prueba, los que fueron objeto de mucha discusión periodística en las últimas semanas. Hoy puedo comunicar que el examen ya es una realidad”, dijo el ministro y anunció: “Se está tomando desde el lunes de la semana pasada y ya lo han rendido unos 9000 empleados. Es un examen de competencias básicas con tres niveles (servicios generales, administración y profesionales) y me complace informar que 95% de los empleados están aprobando en su primer intento (tienen tres)”.
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