Hace unos años escuché
una conferencia del Intendente del partido de La Costa Juan de Jesús, en el Centro
Cultural de Mar de Ajó, como parte de un cursillo para jóvenes políticos en el
distrito; alegaba en la vital importancia que tenía la renovación de los
líderes políticos zonales en el desarrollo del camino de la Justicia Social en el distrito.
Se explayó extensamente sobre los objetivos básicos del Peronismo, la Justicia Social que
puede resumirse como
El principio que busca
crear una sociedad más equitativa y justa al reducir las desigualdades
económicas, sociales y de oportunidades.
Se enfoca en
garantizar que todas las personas tengan acceso a recursos básicos como la
educación, la salud, la vivienda y el empleo, independientemente de su origen
socioeconómico, etnia, género, o cualquier otra característica.
Este concepto aboga
por políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades y el
bienestar de todos los ciudadanos, asegurando que nadie quede excluido de los de los beneficios del desarrollo económico y social.
Establecía en su discurso que las necesidades del pueblo constituían un derecho
que debía ser satisfecho, siguiendo los lineamientos de Evita.
Sin embargo, en su disertación omitió aclarar el origen de los fondos necesarios
para llevar a cabo semejante proyecto.
No pude evitar preguntar aclaración sobre mi inquietud; la respuesta fue rápida
y concisa…” los fondos se obtendrán de las reformas impositivas que serán
mayores sobre los que más tienen”.
Así quedó expuesta la tremenda falacia de la
exposición del veterano intendente:
los impuestos deben recaudarse sobre
bienes renovables en el tiempo y, considerando que las necesidades de la
población siempre serán “in crescendo”, los bienes deberían crecer en mayor
proporción lo que implica que el producto regional debe aumentar sin cesar.
El
anciano funcionario no tuvo la delicadeza o los conocimientos necesarios para
analizar las fuentes impositivas en función de la actividad económica en la
región bajo su mandato:
a)
No hay actividad agropecuaria relevante.
b)
Carece de actividad pesquera (captura e industrialización) competitiva
c)
Lo producido depende de la actividad del turismo (hoteles, gastronomía,
alquileres), el que es estacional y transitorio por excelencia.
d)
No hay radicación de industrias en la región, razón que impide la
generación de capital genuino.
Por
lo expuesto resulta claro y francamente evidente de su recaudación dependerá siempre
de los aportes de otras regiones en carácter de coparticipación.
Pero lo más importante es el desconocimiento económico básico de “la Curva de
Laffer” que señala criteriosamente que el aumento impositivo no guarda relación
lineal con la producción en crecimiento, ya que por más que aumenten las tasas
la recaudación caerá sin remedio y la economía regional empeorará.
Además deja fuera de la ecuación el gasto público desmedido, y los fondos “extraviados”
por la corrupción y el clientelismo con fines electorales
Los factores enunciados solo señalan un futuro pauperizante y ominoso.
En La Costa poseemos la peor calidad de los funcionarios en la que se asocian
ideologías absurdas e ignorancia económica asnal. Si le sumamos deslealtad de algunos
concejales podemos gritar fervorosamente “Cartón Lleno”
La deslealtad de los
concejales con su electorado puede ser frustrante. En lo inmediato, hay varias
acciones que se pueden considerar:
1.
Organización
comunitaria: Formar grupos de
ciudadanos para discutir y planificar acciones colectivas. La unión hace la
fuerza.
2.
Reclamos
formales: Presentar peticiones
y quejas formales ante el Concejo Deliberante y otras autoridades competentes.
3.
Medios
de comunicación: Utilizar los
medios locales para dar visibilidad a la situación y presionar a los concejales
a actuar de acuerdo con los intereses de sus electores.
4.
Participación
en sesiones: Asistir a las
sesiones del Concejo Deliberante y expresar las preocupaciones directamente.
5.
Movilizaciones
y protestas: Organizar
manifestaciones pacíficas para mostrar el descontento de la comunidad.
Estas acciones pueden
ayudar a generar un cambio y asegurar que los concejales actúen en beneficio de
sus electores.
Construir las bases
de la rebelión de los vecinos costeros no va a ser sencillo, porque el
clientelismo político ha anulado el ejercicio de la democracia del electorado
cuando llega la hora de exigir los compromisos de los funcionarios ungidos
electoralmente.
¿Nos animaremos algún
día?