Al dolor porque presenciaron cómo mataron a su única hija, Ruth y Franz suman las constantes amenazas que reciben de los cómplices y familiares de los delincuentes que asesinaron a Jennifer Campos Calle, de 13 años, para robar en el corralón que tenían en su casa, en Virrey del Pino.
Cuando los delincuentes entraron a robar en el comercio de la familia de Jennifer uno de ellos le ordenó a un cómplice: “Matalos a los tres”. Ante ese grito, el asaltante comenzó a gatillar, pero no salieron balas. Hasta que en un momento disparó y mató a mi hija”, declaró Ruth, la madre de la víctima.
Las intimidaciones aumentan cuando se producen movimientos en el expediente en el que se investiga el homicidio de Jennifer. Las amenazas recrudecieron en los últimos días, a partir de las capturas de dos acusados, en Paraguay.
Diez delincuentes aparecen disparando más de cien balazos en el vídeo que Ruth recibió esta semana en su celular. Ella y su esposo saben que las imágenes son reales. Instantes antes escucharon las ráfagas desde su casa. Los padres de la niña asesinada el 19 de enero de 2024 en el partido de La Matanza son los únicos testigos del homicidio. Ellos identificaron a los tres ladrones que entraron en su casa para robarles el dinero de la recaudación del día en el corralón.
Actualmente, Ruth y Franz siguen tan abandonados como el día que mataron a Jennifer. Nadie los protege de los autores de las intimidaciones que quieren asesinarlos para que no declaren en el juicio. Antes que el asalto en el que se produjo el homicidio de Jennifer hubo otros dos intentos de robos, el 17 de noviembre de 2023 y al mes siguiente.
A Ruth no le quisieron tomar la denuncia en la comisaría de Virrey del Pino. “Me tuvieron cinco horas esperando en la guardia. Uno de los policías me preguntó si había muertos. Le respondí que no. Entonces, me dijo que la denuncia por el robo no procedía. Si los policías hubieran hecho algo, mi hija estaría viva. Los delincuentes que mataron a Jennifer eran los mismos que intentaron entrar en mi casa en diciembre y noviembre”, expresó Ruth.
El video que la madre de la víctima recibió en su celular constituyó un eslabón en una cadena de amenazas enviadas por los asesinos de su hija que no quieren que declaren en juicio. A pesar del riesgo de vida de ambos testigos clave, la policía no los protege. La custodia solo concurre por la noche. Durante el día, Ruth y Franz circulan por el barrio con la posibilidad de cruzarse con los familiares de los asaltantes que mataron a su hija y que viven en la misma cuadra.
“Las amenazas son constantes. Me dicen que si no me callo voy a terminar muerta de un balazo como mi hija. Se acercan a mi casa o me cruzan cuando salgo a comprar. Uno de los asesinos de mi hija vive a una cuadra de mi casa. Si mataron a mi hija creo que pueden cumplir su amenaza. No puedo salir a comprar. No puedo ir a tomar el colectivo”, agregó la madre de Jennifer.
Según Ruth, los autores de esas amenazas serían familiares de Ramón Martínez López, acusado de ser el presunto entregador de los dos intentos de robo contra la familia de Jennifer y del ataque que terminó con el homicidio de la niña, de 13 años. Martínez López, había sido empleado de Franz y Ruth y vive a pocos metros de la casa de la víctima.
Actualmente, Martínez López está preso y el fiscal de La Matanza, Matías Folino, pidió que sea sometido a juicio oral, al considerarlo presunto responsable del homicidio agravado, robo agravado y portación ilegal de arma de guerra.
“La familia recibe amenazas todos los días. Esta semana escucharon más de cien tiros. Es una zona tomada por el narcotráfico. La Matanza es totalmente permeable a este tipo de delitos. Luchamos contra todo eso. En el grupo de vecinos mostraron los impactos de los balazos en las viviendas. Está lleno de búnkeres de venta de droga”, expresó Rodrigo Tripolone, el abogado que representa a los padres de Jennifer.
El letrado expuso el contexto en el que viven los habitantes de esa zona del partido de La Matanza. Apenas noventa cuadras en línea recta separan el barrio El Fortín, de Virrey del Pino, donde fue asesinada Jennifer del barrio 8 de Diciembre, en González Catán, donde 96 horas antes del homicidio de la pequeña, una banda de usurpadores mató a cinco vecinos que reclamaban porque la organización había vendido tres veces sus terrenos.
Jennifer y sus padres, Ruth y Franz, ambos de nacionalidad boliviana –al igual que las víctimas de la masacre en la toma de González Catán– fueron atacados en la casa situada junto al corralón familiar del barrio El Fortín, situado en el radio de 60 cuadras de Virrey del Pino, donde, en cinco años, asesinaron a tres choferes de colectivos: Leandro Alcaraz, Pablo Flores y Daniel Barrientos.
Para llegar a la casa situada en Machado y Concordia, donde Jennifer, que iba a la escuela, amaba practicar taekwondo y que recibió un tiro en el pecho en medio del asalto, hay que recorrer más de quince cuadras por la calle Río de La Plata, que cruza la ruta 3 a la altura del kilómetro 38. Las últimas cinco cuadras son de tierra y pozos. La vivienda y corralón de los padres de la víctima están a 600 metros del río Matanza.
Los dichos del letrado sobre la penetración narco en la zona quedaron expuestos con una serie de homicidios ocurridos en los meses siguientes. En agosto, en la lonja de terrenos entre la ruta 3 y una de las orillas del río Matanza, Mónica Lachmañuck y Patricia Raquel Benítez Medina denunciaron que sus hijas, de 28 y 14 años, respectivamente, habían desaparecido cuando se dirigían a la plaza situada en Laferrere, cerca de la costa del río Matanza que marca el límite con el partido de Esteban Echeverría.
Dicha zona está dominada por diversas bandas de narcotraficantes, la mayoría de nacionalidad paraguaya, que cruzan las drogas de una orilla a otra del río Matanza. Esas organizaciones criminales han sido responsables de los homicidios de dos policías de la Federal y la bonaerense, en los últimos cinco años.
Vanesa Lachmañuk, de 28 años y su amiga, de 14, hija de Benitez Medina nunca regresaron con madres. Sus cuerpos fueron hallados en las últimas horas. Al revisar la costa del arroyo Don Mario, los policías encontraron el cadáver de la mayor de las mujeres.
Al seguir la corriente del río Matanza, cinco kilómetros aguas abajo, los efectivos de la fuerza de seguridad provincial hallaron el cadáver de la adolescente. La clave para encontrar ambos cuerpos estuvo en la confesión de uno de los tres integrantes de una banda dedicada al narcomenudeo que operaba en la zona.
En ese entorno de violencia y ausencia del Estado ocurrió el homicidio de Jennifer. Después de matar a la niña de 13 años, los asesinos huyeron a Paraguay. Aprovecharon que habían nacido en ese país para refugiarse y, en caso de que los detuvieran, poder demorar la extradición.
Actualmente hay dos detenidos en nuestro país, el mencionado Martínez López y Cristal del Valle López, una mujer trans, acusada de encubrimiento agravado. Mientras que Augusto Vigo Caniza y Germán Sergio Benítez Atienza fueron apresados en Paraguay y enfrentan los procesos de extradición.
Al revisar las pruebas que figuran en el expediente, los investigadores judiciales concluyeron que, si bien no integró el grupo que irrumpió en la vivienda de los padres de Jennifer, el mencionado Martínez López tuvo una participación necesaria debido a que tomó parte de la ejecución del ataque al aportar datos sobre los movimientos de la familia y la disponibilidad económica por la relación laboral que había tenía con Franz.
No te hagas el sorprendido "Enano Soviético". Eres culpable por sostener una ideología en seguridad "contra natura", irracional, tan asesina como Stalin en el genocidio de Holodomor. Perdón, olvidé que no has leído un solo libro sobre el respeto a la vida.
Todavía quedan dos prófugos que habrían sido identificados por fuentes policiales como José Armando Fernández Sosa y Gabriel Molina. Sus fotos aparecen en la circular roja de Interpol en la que se requirió la captura internacional de ambos sospechosos. Además, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el gobierno bonaerense ofrecieron una recompensa de $ 8.000.000 para quien pueda aportar datos que permitan detenerlos.
Para la Justicia, el 18 de enero de 2024, a las 09.35 Fernández Sosa, alias Mimi, Benítez Atienza, alias Anteojito y Vigo Caniza, llegaron a la casa de la víctima, situada en Concordia y Machado, en un Peugeot 208 blanco. Luego, los tres acusados ingresaron en la vivienda, apuntaron con armas de fuego y redujeron a Jennifer y a sus padres.
Según consignó el representante del Ministerio Público de La Matanza en requerimiento de elevación a juicio para dos de los acusados, los asaltantes le dispararon a Jennifer porque no estaban conformes con la cantidad de dinero que les entregó Franz, el padre de la niña.
La única respuesta que Ruth y Franz tuvieron del Estado fue la decisión del fiscal Folino de avanzar con la investigación, juntar pruebas y solicitar las capturas y extradiciones de los acusados. La tarea desarrollada por los detectives de la Dirección Departamental de Investigaciones de La Matanza permitió capturar a dos de los cuatro prófugos que se refugiaron en Paraguay. No obstante, en medio del dolor porque mataron a su hija, Ruth y Franz viven amenazados y nadie garantiza sus vidas.
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