Acomienzos de mes, el expresidente Alberto Fernández declaró en la causa por violencia de género iniciada por Fabiola Yañez, su expareja y madre de su pequeño hijo. Durante una hora se abstuvo de responder preguntas. A cambio, presentó un extenso escrito y solicitó su sobreseimiento. Justificó su silencio en la presunta falta de condiciones éticas del juez Julián Ercolini y el fiscal Ramiro González para juzgarlo.
Alegó, entre otras cuestiones, que ambos funcionarios judiciales vulneraron su derecho a la defensa, por el allanamiento a su vivienda, la prohibición para salir del país, el secuestro de su teléfono celular y el rechazo de pruebas testimoniales que considera trascendentes. Incluso, planteó que Yañez podría haber tramado la historia para extorsionarlo, por lo cual pidió un peritaje psicológico y psiquiátrico de su expareja.
Lo más llamativo de la declaración escrita del acusado de violencia de género fue que sostuviera que, de haber una víctima en este proceso, no lo es Yañez sino él, quien asegura que la ex primera dama lo atacaba con una fuerza singular cada vez que “se embriagaba”. Es decir que, para defenderse, Alberto Fernández ataca. En opinión de especialistas, las condiciones de vulnerabilidad que describe de su excónyuge podrían volvérsele un bumerán al expresidente, que no hace más que deslegitimar a su expareja, al juez, al fiscal y a todo aquel que lo acuse o indague por la eventual comisión de un delito.
Luego de acusar también a los medios de prensa ante la Justicia, utilizó la red social X para insistir en su victimización. Para contrarrestar la clara y constante depreciación de su palabra –de la que podemos dar sobradas cuentas los ciudadanos a lo largo de su fallido gobierno–, se vio obligado a convocar a una larga lista de testigos, que incluye a Victoria Tolosa Paz, Ayelén Mazzina, Santiago Cafiero, Juan Pablo Biondi, Karina Daniela González y Amalia Teresa Moreno, dos empleadas de Olivos, además de su hijo Estanislao.
Fernández se reservó el derecho de denunciar al fiscal para que se evalúe su destitución, acusándolo, entre otras cuestiones, de haber manipulado las fechas y filtrado información a la prensa para afectar su imagen pública, de cuyo desgaste por propio mérito nunca parece hacerse cargo. Protesta Fernández también por haber perdido la posibilidad de seguir siendo docente en la UBA. En rigor, no fueron suficientes las inscripciones de estudiantes para sus cursos en el segundo cuatrimestre de 2024. ¿Acusará también al alumnado por no querer tenerlo como profesor?
El 17 del mes actual, Ercolini lo procesó por los delitos de lesiones leves agravadas por violencia de género, reiteradas en dos oportunidades, lesiones graves y amenazas coactivas contra Yañez, y ordenó trabar sobre sus bienes un embargo por diez millones de pesos. Si bien le levantó la prohibición de salida del país, le mantuvo medidas restrictivas.
El fallo sostiene que el expresidente “ejerció violencia psicológica y física contra Yañez a lo largo de su relación”. Esto incluyó “acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”. Señaló, además, el “condicionamiento económico” como medio para “manipular y continuar ejerciendo poder y control” sobre su expareja. El juez destacó esta relación asimétrica en el vínculo entre ambos, el “carácter habitual” de las “distintas violencias verificadas” y descartó la hipótesis de Fernández respecto de que la víctima habría “plantado” los chats incriminatorios en el celular de su secretaria María Cantero. También puntualizó que la querella no presentó fotografías de los supuestos golpes recibidos por Fernández.
Frente al descubrimiento casi fortuito de los hechos durante la investigación sobre el fraude de los seguros que involucra al expresidente junto a exfuncionarios de la Anses y Nación Seguros, los testimonios de Yañez fueron claves.
Fernández disparó contra Ercolini y lo acusó de dictar “un procesamiento apresurado para desviar la atención”, en referencia al escándalo del denominado criptogate, que afecta al presidente Javier Milei.
Su pésima gestión quedará en la historia como caricatura del despoder y ejemplo de mediocridad de quien tanto combatió la meritocracia, y lo señalará como responsable no solo de los 130.000 muertos en pandemia, sino también de uno de los peores atropellos contra la Justicia de los que se tenga memoria. Precisamente, es hoy el Poder Judicial el que confirma que su cinismo condujo sus acciones también en la esfera privada, como había quedado demostrado ya con el Olivosgate, cuando, una vez más, intentó responsabilizar a su entonces pareja por la fiesta de la que formó parte en la quinta presidencial en pleno encierro por la eterna cuarentena que él impuso, pero se abstuvo de respetar. El dedo acusador de Fernández no hace más que incriminarlo.
La Nación
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