Acusado de haber abusado sexualmente de una secretaria privada
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, será sometido a juicio oral en la causa en la que se lo investiga por un presunto “abuso sexual simple” cometido contra Melody Jacqueline Rakauskas, quien se desempeñaba como su secretaria privada al momento de los hechos.
El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31, Fernando Mario Caunedo, resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento de la defensa de Espinoza, que fue respaldado por la fiscalía, y elevar la causa a juicio, tal como había solicitado la querella.
Además, Espinoza será juzgado por desobedecer la orden de restricción, dictada en junio de 2021, que le impedía acercarse o contactarse con Rakauskas. Según la acusación, el contacto entre ambos se dio a través de la expareja de ella, Gustavo Cilia, allegado al intendente, quien le sugirió que retirara la denuncia.
“No obstante el esfuerzo de la defensa en desacreditar a la querellante –dijo el juez Caunedo– y el extenso escrito presentado para reclamar el sobreseimiento del imputado, haciéndose eco de las peticiones coincidentes de ambos fiscales, encuentro inadmisible el cierre anormal del proceso que propone en esta etapa crítica, e improcedente la revisión del caso que de mí se pretende, en sustitución de la discusión que debe darse en un juicio oral y público, como ha previsto el legislador y pide la querellante.”
ostuvo también que desconocer la decisión de la Cámara podría leerse como una “suerte de alzamiento” contra un tribunal superior y dijo que no elevar la causa a juicio sería sustituir a un tribunal oral.
“Más allá de que en el caso solo medió acusación por un abuso sexual simple, porque la propia querellante admitió que frente a sus reiteradas resistencias y pedidos de que se fuera, el imputado terminó vistiéndose y retirándose sin consumar ninguna relación sexual, el hecho no pierde por ello entidad, ni releva al sistema de justicia del máximo esfuerzo para su investigación y juzgamiento”, añadió el juez.
Rakauskas, con Marcelo Urra como abogado, denunció penalmente a Espinoza en 2021 por el abuso sexual que asegura haber sufrido el 10 de mayo del mismo año, cuando el jefe comunal del PJ fue a su casa a tratar temas “laborales”.
Según afirmó ante la Justicia, ese fue el tercer encuentro con el intendente en el ámbito privado. Aquel día, Espinoza le manifestó sentir dolor de cuello y, al tiempo que se desabotonaba la camisa, le pidió que le practicara un masaje, de acuerdo con ella. Siempre según su relato, Rukauskas se negó y le ofreció un ibuprofeno para el dolor y le sugirió que se fuera a descansar, pero Espinoza hizo caso omiso del ofrecimiento, se aflojó el cinturón, la sujetó de las muñecas y la llevó a la habitación, donde se habría producido el hecho denunciado.
“No recordaba exactamente cómo pasó, pero [ella dijo] que él logró terminar encima suyo en la cama”, afirmó el escrito del juez. “Durante ese lapso, comenzó a besarle la zona de sus pechos y a tocarla por encima de la ropa mientras le decía: ‘Quedate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien’ y le pedía que le practicara sexo oral”, sostuvo el fallo. Finalmente, Espinoza desistió y se retiró del domicilio de su por entonces empleada, de acuerdo con la denuncia.
A aquella noche le siguieron “recomendaciones” o “sugerencias” de su expareja, Cilia, y del intendente para adecuar su conducta. “Tenés los días contados”, declaró la secretaria que le dijo Espinoza en su despacho, tras enterarse de que ella había hablado de lo que luego denunciaría con una compañera de trabajo de la municipalidad.
En mayo de este año, Espinoza fue procesado por la jueza de primera instancia María Fabiana Galetti, quien además le prohibió el contacto con su exsecretaria y dispuso un embargo sobre los bienes del intendente de $1.500.000.
Ese procesamiento fue ratificado por la sala VII de la Cámara de Crimen a principios de julio. Los “tocamientos impúdicos” denunciados por Rakauskas configuran, según ambas instancias, el delito de “abuso sexual simple”, que contempla penas de hasta cuatro años de cárcel.
Los dos fiscales intervinientes, primero Mónica Cuñarro y, luego, Mauricio Viera, se pronunciaron por el sobreseimiento.
Viera, fiscal ante la Cámara, solicitó además que la querellante completara uno de los audios que aportó como prueba. El material entregado constaba de 58 segundos y la grabación completa era de casi seis horas. “Las conversaciones grabadas contradicen varias de [sus] afirmaciones y sin duda quitan seriedad y credibilidad a las acusaciones”, sostuvo el fiscal.
Por su parte, la fiscal Cuñarro destacó en un dictamen que la denunciante registraba antecedentes de grabar a hombres casados para luego pedirles dinero.
“No advertí en el caso ningún vicio en los dictámenes fiscales, cuyo contenido es respetable, aunque no se los comparta”, afirmó el juez Caunedo. “Y no es posible sustituirlos desde la jurisdicción sin violentar el acusatorio ni comprometer la imparcialidad del tribunal”, sumó.
Otro de los argumentos esgrimidos por la defensa de Espinoza –desechado por la Cámara– fue poner de relieve que Rukauskas había realizado otras denuncias previas con el “mismo modus operandi” contra su madre, abuelo y expareja.
En paralelo con el desarrollo del juicio oral, avanza una causa civil, en la que la instancia de mediación está agotada.
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