El Departamento de Estado prohibió el ingreso a los Estados Unidos a Cristina Kirchner por su participación en graves hechos de corrupción durante su mandato como presidenta. Según señaló el Departamento de Estado, la exmandataria abusó de sus posiciones orquestando y beneficiando múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas.
Tal decisión no provoca sorpresa, pero sí una resignada satisfacción por el hecho de que se sancione a quien ha gozado de la impunidad que le otorga la lentitud y no pocas veces la corrupción de los procedimientos criminales en la Argentina. Sin embargo, esa impunidad está llegando a su fin, ya que la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre Cristina Kirchner por administración fraudulenta está cerca de quedar firme.
En efecto, la semana última, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal rechazó por “inadmisible” el recurso extraordinario interpuesto por la expresidenta contra el fallo condenatorio de esa misma sala, por lo que a la condenada le queda solamente un último recurso: ir en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fallo de Casación del 13 de noviembre de 2024 que la expresidenta pretende apelar confirmó la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) del 6 de diciembre de 2022, que condenó a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros por la comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Asimismo, por mayoría de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña y con la disidencia del juez Gustavo Hornos, la Sala IV confirmó el fallo del TOF 2 que rechazó el planteo del Ministerio Público Fiscal en orden a la configuración de una asociación ilícita.
En mayo de 2003, cuando ya era un hecho el triunfo de Néstor Kirchner en las elecciones presidenciales, Lázaro Báez constituyó la empresa Austral Construcciones S.A. Báez, íntimo amigo de Kirchner, no tenía antecedentes en el rubro de la construcción pero en poco tiempo, gracias a la enorme ayuda que recibiría, se convirtió en el mayor constructor de la provincia de Santa Cruz.
Para consolidar el esquema tendiente a defraudar al Estado, Kirchner designó como ministro de Infraestructura a Julio De Vido; como secretario de Obras Públicas, a José López, y como administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), a Nelson Periotti. La presunta organización criminal se completó con la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), ente autárquico de Santa Cruz.
Los fondos para la realización de obras viales en Santa Cruz se financiaban con recursos provenientes de un fideicomiso formado con los ingresos de la llamada “tasa del gasoil”, establecido por el Decreto 976/2001. Este decreto sería luego modificado por Cristina Kirchner mediante el Decreto 54/2009, que designó a la DNV como beneficiaria directa de dicho fideicomiso. El decreto citado fue fundamental para determinar la participación de la expresidenta en la maniobra defraudatoria.
Austral comenzó con capacidad de obra insuficiente, pero Báez fue superando ese problema mediante la toma de control de empresas de construcciones con más antecedentes. Primero fue Gotti S.A., luego Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL y Kank y Costilla S.A.
Un hecho que marcaría la participación de Cristina Kirchner en la maniobra, en carácter de organizadora y virtual jefa, es la designación de Carlos Joaquín Alonso como subadministrador de la DNV, pues como se comprobó, Alonso era hombre de confianza de Báez. A través de ese grupo de empresas, Báez casi monopolizó la obra pública vial de Santa Cruz con la imprescindible ayuda y cobertura del Poder Ejecutivo Nacional, la Secretaría de Obras Públicas, la DNV y la AGVP. Con las distintas empresas que controlaba pudo simular competencias en las licitaciones de obras viales, asegurándose su adjudicación y, muchas veces, logrando aumentar los precios previstos en los pliegos. Esa confabulación permitió a las empresas controladas por Báez cometer una serie de irregularidades sin sufrir multas o sanciones que, por la gravedad de los incumplimientos, podrían haber llegado hasta la rescisión del contrato.
Fue absolutamente evidente el favoritismo y la confabulación de las autoridades nacionales y provinciales con las empresas de Báez
Entre las más comunes irregularidades estuvieron las siguientes:
- Ocultamiento de la real capacidad de obra, mediante la no presentación del certificado de adjudicación que requerían los pliegos y las normas aplicables, dado que las autoridades no se lo exigían ni le aplicaban sanciones, lo cual se traduciría luego en atrasos importantes en las obras por falta de capacidad.
- Presentación en muchas licitaciones del mismo representante técnico, un empleado que tiene que estar permanentemente en la obra; dado que había muchas obras concomitantes era imposible que esa persona estuviera en todas al mismo tiempo.
- Presentación en varias licitaciones del mismo equipamiento y maquinarias de obra, cuando había obras que estaban a más de 300 kilómetros de distancia.
Todas esas irregularidades y otras más fueron permitidas por las autoridades responsables, que justamente por ello, entre otras acciones dolosas, fueron condenadas en esta causa.
Las empresas controladas por Báez pidieron sistemáticamente ampliaciones de obra y prórrogas de plazos, que les fueron concedidas siempre y sin pedir mayores explicaciones, lo que hacía absolutamente evidente el favoritismo y la confabulación de las autoridades nacionales y provinciales. Además, varias pericias demostraron que había groseros sobreprecios en los ítems de las ofertas adjudicadas.
Las ampliaciones de obra significaron un aumento importante de los precios de adjudicación, estimado en casi el 20%. También hubo constantes ampliaciones de plazos que extendieron más de un 50% los originalmente establecidos.
Además, las empresas del grupo Báez pidieron sistemáticamente adelantos financieros. De las 51 obras que les fueron adjudicadas, en un 66% se les pagaron anticipos, generando así un flujo permanente de fondos. Y los certificados de obra fueron pagados en forma preferencial, tanto que al final de la maniobra las empresas controladas por Báez no tenían deuda para cobrar; se había pagado todo, circunstancia que no se daba con el resto de las empresas constructoras. Así, los jueces de Casación consideraron probado que Báez prestó una cooperación indispensable y necesaria para la concreción y continuidad de la obscena y burda maniobra defraudatoria de la administración pública.
Al mismo tiempo que avanzaba el desfalco, Báez realizaba importantes negocios inmobiliarios y de hotelería con Néstor y Cristina Kirchner, gracias a las ingentes cantidades de fondos que obtenía por los adelantos y pagos preferenciales. Austral alquiló hoteles de los Kirchner pagando cifras exorbitantes que llegaron a los 100,000 dólares mensuales en 2008 y 2009, y a los 400.000 dólares en 2011, según surge de las causas Hotesur y Los Sauces, incorporadas a las actuaciones oportunamente. Hay que sumar que, según se determinó en investigaciones periodísticas, los hoteles alquilados estaban casi siempre vacíos.
Los alquileres se hicieron a través de la empresa Valle Mitre SRL, controlada también por Báez. Entre 2008 y 2013, Valle Mitre pagó a Hotesur la friolera de 28.597.624 dólares y a Las Dunas, otro de los hoteles de la familia Kirchner, la suma de 5.846.676 dólares, entre otros pagos de Valle Mitre. Esos pagos no fueron cuestionados por las defensas de los condenados. Según consta en la causa, de los cheques de pago diferido que libraba la DNV, el 40% se destinaba a Valle Mitre, generando el enorme flujo de dinero que permitió esos desembolsos.
De allí que resulte muy extraño que Cristina Kirchner negara amistad y sociedad con Báez. Sociedad hubo, no en el sentido estrictamente legal, sino por hacer muchos e importantes negocios juntos. Amistad también, por la cercanía indiscutible, al punto que todos recordamos las imágenes de Néstor Kirchner con Báez charlando a solas, y otras de Báez con toda la familia Kirchner cuando construyó el impresionante mausoleo para Néstor Kirchner, luego de su repentina muerte.
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