El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se mantiene en silencio. Los escandalosos pedidos de sobreseimiento de la fiscal Mónica Cuñarro en la causa por presunto “abuso sexual simple en concurso real con desobediencia a la Justicia” iniciada por su exsecretaria Melody Rakauskas habían sido presentados hace un mes. Pero ahora, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31, Fernando Mario Caunedo, dispuso que la causa sea elevada a juicio oral y público. Mientras la defensa del jefe de la comuna más grande del país anuncia que apelará, desde distintos sectores se reclama que Espinosa pida licencia o sea suspendido en su cargo hasta que se aclare su situación. Sin registro moral de sus actos, aferrado al poder con el apoyo del propio gobernador bonaerense –junto a quien se muestra desde el día siguiente al procesamiento–, nada indica que esté dispuesto dar un paso al costado.
La Ley Orgánica de Municipalidades contempla la eventualidad del apartamiento ante una condena firme por un delito doloso o ante una situación de prisión preventiva, por lo que el jefe comunal no estaría aun legalmente obligado a correrse. Dentro del Concejo Deliberante de La Matanza, con 13 de los 24 concejales que responden a Espinoza, el minoritario bloque libertario prepara un proyecto para apartarlo del cargo, contemplando que dentro del propio oficialismo comunal empiezan a aparecer algunos tímidos apoyos con un malestar creciente.
Formalmente, el PJ bonaerense, que conduce Máximo Kirchner y del cual Espinoza es consejero titular, aguarda silenciosamente pero sin soltarle la mano el pronunciamiento de la Justicia, en medio de la preocupación por el impacto negativo sobre los votos del populoso conurbano en un año electoral.
Ya se cumplieron cuatro años desde el momento en que se conoció la denuncia presentada por Rakauskas en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y tanto silencio solo encierra el implícito respaldo de su entorno al intendente. Es la misma complicidad que, en julio pasado, se tradujo en la reelección de Espinoza como presidente de la Federación Argentina de Municipios, a solo 48 horas de la confirmación de su procesamiento. Sus pares de La Plata, Julio Alak; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de José C. Paz, Mario Ishii, y de Ensenada, Mario Secco, entre otros, apuntan a construir junto al gobernador Axel Kicillof una fuerza independiente de Cristina Kirchner y de La Cámpora dentro del PJ. Más de lo mismo aunque pretendan diferenciarse. En ocasión del Día de la Memoria se vio a los intendentes con Espinoza, una vez más, sonriendo juntos para las fotos en esa realidad paralela que hábilmente construyen los gerentes de la pobreza para despegarse del barro de las calles, la falta de cloacas, la rampante inseguridad, el hambre y la miseria de sus gobernados. “Estamos en la calle para recuperar los sueños de las mayorías populares de toda la Argentina”, decía quien pretende seguir robándoselos desde su quinta intendencia.
Espinoza había violado la prohibición de acercamiento durante la investigación, enviándole a su exsecretaria a un funcionario a su domicilio para que firmara la desestimación de la denuncia. Tanto la preeminencia del imputado como el poder que su cargo le confería fueron considerados como elementos de peso ante la reticencia de la denunciante. Quienes se llenaron la boca condenando la violencia de género durante varias décadas, hoy se llaman a un estruendoso silencio. Del expresidente Alberto Fernández para abajo, incluido el exgobernador tucumano José Alperovich, que ya cumple condena, la historia sigue confirmando la catadura moral de siniestros personajes que solo buscaron administrar suculentas cajas promoviendo idearios alejados de sus convicciones y de sus propias vidas, tanto dentro del ámbito oficial, como en el privado.
“Acá hay al menos dos de los tres poderes que lo están avalando”, venía lamentando Rakauskas cuando fue sorprendida por la noticia del juicio. “Espinoza ya no tiene más recursos para apelar nada más”, afirmó, conforme ante la decisión de este tercer juez que enfrentó a fiscales que “defendían a un violador”, demostrando que “todavía se puede confiar en el Poder Judicial argentino”. Será en ese ámbito donde se dirima el caso que involucra a uno de los dirigentes más relevantes de la política provincial.
El poder que la confianza ciudadana deposita en sus servidores públicos no puede ser justificativo ni aval para delinquir o para desacreditar a una querellante, mucho menos cuando para ello se deben sostener lealtades aberrantes. La desfachatez de una sonrisa y la negativa a dar un paso al costado mientras se investigan las acusaciones son otra clara muestra de la inhabilidad moral de una persona hoy señalada por la sociedad.
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San Bernardo del Tuyú - Buenos Aires
